La falta de equidad distributiva del agua y el consumo desmedido de las economías más potentes ha llevado a una escasez mundial del vital elemento. Las áreas más vulnerables son las más pobres, y, por ende, las más afectadas, al enfrentarse además a una lucha contra las sequías que las azotan sin tregua.

De acuerdo con un estudio del World Resource Institute (WRI), la situación es particularmente dramática en los países de Qatar, Israel, Líbano e Irán. Sin embargo, los conflictos por el agua van en aumento en la mayoría de las regiones del mundo.

Según datos del Pacific Institute, la región de Asia es la que lidera el número de conflictos por el agua en el mundo, con 388 en el periodo 2010-2019, en comparación con los 111 de la década anterior. Un ejemplo es el conflicto fronterizo por el acceso a los recursos hídricos en la región entre Tayikistán y Kirguistán, donde el año pasado, al menos 41 personas murieron y más de 200 resultaron heridas. Otro ejemplo, es el control que ejerce China sobre los ríos más grandes e importantes del continente, lo cual ha ocasionado disturbios en India y Bangladesh.

En este contexto, África se coloca como la segunda región de conflicto de agua más grande del mundo, con 150 casos en la última década, versus los 68 de los diez años previos. Un ejemplo de ello es la enorme represa que Etiopía planea construir a un costo de más de 5 mil millones de dólares para contener el Nilo Azul, un proyecto que ha causado revuelo en Egipto, donde el agua de esta fuente milenaria ha sido el sustento del país durante siglos.

Los expertos creen que la lucha por el agua podría volverse aún más férrea en los próximos años, y es que, incluso países tan ricos en este compuesto como los pertenecientes a la región de América Latina y el Caribe, han pasado de solo 18 disturbios en la década del 2000-2009, hasta los 61 en los últimos diez años. Europa ha escalado desde los 13 hasta los 18 y Norteamérica de siete a diez en el mismo periodo de tiempo.

Por todas estas razones, el agua es un recurso por el cual debemos velar y de ser posible, invertir en sistemas que garanticen su uso racional y distribución equitativa.